Sr. Bartolomé Vargas - Fiscal General de Seguridad Vial
Madrid, 12 may (EFE).-
Entre 500 y 600 conductores son condenados al año por superar excesivamente los límites de velocidad, cifra que para el fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, no se corresponde con la realidad del número de ciudadanos que juegan "a la ruleta rusa" y llegan a pisar el acelerador hasta los 200 km/h.
"Me parecen pocas condenas porque hay muchos más excesos de velocidad punibles. El objetivo es llegar a ellos para ir acabando con el sentimiento de impunidad", enfatiza el fiscal en una entrevista con Efe.
Vargas se refiere a los conductores que incurren en un delito de exceso de velocidad tipificada en el Código Penal al superar en 80 kilómetros por hora el límite establecido en autovías o autopistas (120) y en más de 60 si circulan por ciudad (50).
Unos ciudadanos que, en opinión de Vargas, convierten su coche en "una ruleta rusa" que puede llevar "la muerte en cualquier momento y eso no hay que olvidarlo nunca".
Es a estos conductores a los que el fiscal quiere poner ante un juez para lanzar el mensaje de que la justicia "no llega a ellos para hacerles daño, sino para evitar que un día haya una tragedia".
¿Cómo se llega a estos conductores? El fiscal tiene claro que la solución pasa por incrementar la colaboración de las fiscalías provinciales con la Guardia Civil de Tráfico, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra y los agentes municipales, sin olvidar la eficacia de los radares.
Y es que, recuerda Vargas, el exceso de velocidad es una de las principales causas en los accidentes mortales y todos los mecanismos que existan en las carreteras para evitar esa infracción son "bienvenidos".
El último, el radar Pegasus, que viaja a bordo de un helicóptero de la DGT y es capaz de captar a conductores que exceden la velocidad permitida hasta cinco veces más que un radar convencional, cuenta con su aplauso, porque hay que concienciar a la sociedad de que estos mecanismos "previenen accidentes".
"Esto tiene que entrar en los ciudadanos. Los radares evitan siniestralidad, porque ese conductor que es sorprendido recibe una primera llamada de atención que, en muchos casos, condiciona en un futuro su comportamiento al volante", asegura Vargas.
Con todo, el fiscal subraya que "la inmensa mayoría" de los conductores son "buenos" y que hay que luchar contra esa minoría de ciudadanos con comportamientos "muy peligrosos" al volante que reinciden, o bien porque "se han escapado del radar" o bien porque son "indiferentes" a una primera sanción administrativa y pueden pasar "a la senda de la infracción penal".
Debido a una infracción penal, en concreto por un delito de homicidio imprudente, ha sido condenado a dos años y medio de prisión el torero José Ortega Cano, que ha recurrido la sentencia al igual que la fiscalía que pide que la pena sea ampliada a cuatro años y que incluya una condena por conducir bebido.
"Para un fiscal no hay nombres ni fama", defiende Vargas, porque el caso de Ortega Cano es "uno más" de los 2.000 o 3.000 procedimientos que anualmente estudia la Fiscalía y que, mientras no cuenten con una sentencia en firme, "el fiscal ni puede ni debe opinar".
Tampoco cuestiona Vargas la reciente concesión del Gobierno de un indulto a un conductor kamikaze que provocó en 2003 la muerte de un joven de 25 años, a pesar de que la Fiscalía informó en contra de otorgar esta medida de gracia.
Vargas explica que el Ejecutivo ejerce sus facultades y que estas no están vinculadas al criterio del fiscal, aunque en la mayoría de los casos el Gobierno no otorga este tipo de indultos tras el informe contrario de fiscalía.
Información publicada en el periódico digital el economista en :
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